Ojo peligra la Educación Pública
Por Andy D. Villar
Peñalver en https://practicapedagogicadirectiva.blogspot.com/
Hay momentos en los que
guardar silencio deja de ser prudencia y empieza a parecer indiferencia. Este
es uno de ellos. No porque debamos rechazar automáticamente toda propuesta
gubernamental, ni porque defender la educación pública signifique negar sus
problemas, sino porque la educación oficial merece que pensemos con rigor qué
se pretende transformar, por qué se pretende transformar y qué consecuencias
puede tener para la escuela, para los maestros, para las familias, para los
estudiantes y para quienes tenemos la responsabilidad de dirigirla.
El proyecto de decreto
sometido a consulta pública por el Ministerio de Educación Nacional propone
modificar parcialmente el Decreto 1075 de 2015 en asuntos relacionados con la
prestación y administración del servicio educativo por parte de las entidades
territoriales certificadas. El documento, identificado en SUCOP con el número 32629, se
encuentra precisamente en una etapa en la que la ciudadanía puede formular
observaciones. Y esta circunstancia tiene una enorme importancia: todavía
estamos ante una propuesta, no ante una norma definitiva; por eso este es el
momento de leer, analizar, preguntar y participar.
Mi preocupación no consiste
en afirmar, sin matices, que el proyecto significa una privatización automática
de la educación pública. Esa afirmación sería excesiva. La discusión es más
profunda. Lo que debemos preguntarnos es qué puede ocurrir cuando instituciones
educativas oficialmente públicas puedan ser administradas, organizadas o
dirigidas mediante esquemas de contratación con terceros y durante períodos
prolongados. Una escuela puede continuar llamándose pública y conservar su
infraestructura estatal, pero experimentar transformaciones sustanciales en su
modelo de gestión, en sus relaciones laborales, en sus decisiones
administrativas y, potencialmente, en las condiciones desde las cuales se
desarrolla su proyecto pedagógico.
Aquí está el núcleo de mi
inquietud: la escuela no es una empresa cualquiera y el rector no es
simplemente un administrador de recursos. Una institución educativa es una
comunidad humana. Tiene memoria, territorio, cultura, conflictos, sueños,
relaciones, símbolos, maestros, estudiantes y familias. Su P.E.I. no es un
documento decorativo; expresa una determinada concepción de ser humano,
sociedad y educación. El rector interpreta esa realidad, acompaña docentes,
escucha estudiantes, dialoga con las familias, enfrenta conflictos, orienta
procesos académicos, protege derechos y construye cultura institucional. Por
eso, modificar la estructura administrativa de una escuela puede tener
consecuencias que van mucho más allá de lo financiero.
La Constitución Política
colombiana establece en su artículo 67 que la educación es un derecho de la
persona y un servicio público con función social. También atribuye al Estado
responsabilidades de regulación, inspección y vigilancia, así como la
obligación de garantizar calidad, cobertura, acceso y permanencia. Además,
señala que la Nación y las entidades territoriales participan en la dirección,
financiación y administración de los servicios educativos estatales. Esto no
significa que el Estado tenga prohibido establecer mecanismos de colaboración
con particulares; significa que cualquier decisión debe preservar la
responsabilidad pública que constitucionalmente existe frente al derecho
fundamental a la educación.
Tampoco podemos olvidar
que la Ley 115 de 1994 construyó una concepción participativa de la institución
educativa. La comunidad educativa está integrada por estudiantes, educadores,
padres de familia, egresados, directivos docentes y administradores escolares,
y su participación se relaciona con la construcción, ejecución y evaluación del
Proyecto Educativo Institucional y con la buena marcha de la institución. La
escuela pública, por tanto, no puede comprenderse únicamente desde quien
administra un contrato: también debe comprenderse desde quienes construyen
cotidianamente su vida pedagógica.
Por eso debemos mirar con
especial atención qué ocurriría con el gobierno escolar, la autonomía
institucional, el PEI, las decisiones pedagógicas, la participación de la
comunidad y la identidad de las instituciones si determinados procesos
administrativos y directivos fueran entregados a operadores externos.
No afirmo que toda participación privada sea necesariamente negativa. Tampoco
afirmo que toda administración estatal funcione correctamente. La pregunta
verdaderamente importante es otra: cuando encontramos problemas en la educación
pública, ¿la respuesta debe ser fortalecer la capacidad pública para
resolverlos o transferir progresivamente funciones esenciales a terceros?
Si existen problemas de
infraestructura, debemos invertir. Si faltan docentes, debemos garantizar
oportunamente las plantas. Si existen debilidades administrativas, debemos
cualificar la gestión. Si hay instituciones con dificultades académicas o
convivenciales, debemos acompañarlas pedagógicamente. Si existen territorios
con condiciones particulares, debemos construir políticas contextualizadas. La
solución a las debilidades de lo público no puede consistir automáticamente en
disminuir su capacidad de gobernarse y transformarse desde lo público.
También merece especial
atención la dimensión laboral. De acuerdo con la información pública que ha
circulado sobre la propuesta, se plantea la posibilidad de que determinados
docentes, directivos docentes y administrativos vinculados a establecimientos
operados por terceros tengan relaciones laborales diferentes de las existentes
con las entidades territoriales. Este punto requiere una discusión seria
porque una misma escuela podría terminar albergando trabajadores sometidos a
regímenes jurídicos y laborales distintos.
Y aquí aparece una
pregunta que parece administrativa, pero es profundamente pedagógica: ¿cómo
construimos una cultura institucional común cuando quienes trabajan diariamente
en una misma escuela pueden estar vinculados bajo condiciones diferentes y responder
a estructuras administrativas distintas?
La experiencia
internacional también aconseja prudencia. La expansión de mecanismos de
participación privada y elección escolar no ha producido resultados uniformes. La
OCDE ha advertido que la expansión de determinadas formas de elección puede
generar procesos de segregación y desigualdad, especialmente cuando las
familias tienen capacidades diferentes para elegir instituciones. Por ello,
el debate no puede reducirse a una oposición simplista entre Estado y sector
privado. Debemos preguntarnos siempre quién decide, con qué criterios, para
quién, con qué controles y bajo qué responsabilidad pública.
Al maestro
quiero hablarle directamente: no pases de agache. No rechaces ni aceptes
esta propuesta porque alguien te lo ordene. Léela. Examina sus artículos.
Pregunta qué cambia. Pregunta qué puede ocurrir con tu práctica pedagógica, con
tu estabilidad, con la dirección escolar, con la autonomía institucional y con
el futuro de tus estudiantes. Un maestro que piensa no es un trabajador
incómodo: es un ciudadano responsable de la educación de su país.
A los rectores y
coordinadores les digo algo más: nuestra responsabilidad no termina en administrar
correctamente aquello que nos entregan. También consiste en leer críticamente
las políticas que pueden transformar las condiciones en las que ejercemos el
liderazgo pedagógico. La dirección escolar no
puede quedar reducida a ejecutar contratos. Dirigir una escuela implica
interpretar el territorio, cuidar a las personas, garantizar derechos y
construir condiciones para que enseñar y aprender sea posible.
A las familias
les digo: esta
discusión también les pertenece. La educación de sus hijos no es asunto
exclusivo de funcionarios, sindicatos, directivos o especialistas. La
Constitución reconoce la responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia
en la educación. Pregunten quién administrará las escuelas, bajo qué criterios,
durante cuánto tiempo, con qué controles y con qué mecanismos de participación
de la comunidad.
Y a los
estudiantes quiero decirles algo sencillo: la escuela también es de ustedes. No
solamente porque estudian allí, sino porque forman parte de la comunidad
educativa. Una educación democrática debe enseñarles también a participar,
deliberar, preguntar y defender aquello que consideran justo.
Por eso esta propuesta
debe ser discutida públicamente. No debemos utilizar la palabra
"privatización" como una consigna vacía, pero tampoco debemos ignorar
el riesgo de que determinadas formas de tercerización administrativa terminen
modificando progresivamente la naturaleza de la gestión pública. La
privatización no tiene que comenzar necesariamente con la venta de un edificio
escolar. También puede comenzar cuando funciones esenciales de decisión,
administración y dirección dejan progresivamente de estar bajo una
responsabilidad pública directa. Esa posibilidad merece ser examinada con
absoluta seriedad.
Mi posición no nace de la
defensa ciega de un sistema que necesita transformarse. La educación pública
colombiana tiene problemas profundos y necesita reformas. Pero reformar no
significa renunciar; modernizar no significa entregar; mejorar no significa
privatizar. El Estado debe fortalecer su capacidad para garantizar el derecho a
una educación pública digna, pertinente, equitativa y de calidad.
Por eso invito al maestro,
al directivo docente, al padre de familia, al estudiante, al egresado y a todos
los ciudadanos preocupados por el futuro de la educación oficial a leer
directamente la propuesta y participar en la consulta pública correspondiente.
El proyecto está disponible en el sistema oficial SUCOP del Ministerio de
Educación Nacional, identificado como ID 32629.
No comentemos desde la
rabia. Comentemos desde el conocimiento. No rechacemos sin leer. No aceptemos
sin comprender. No permanezcamos indiferentes. Porque una democracia educativa
no se construye únicamente votando. También se construye leyendo una propuesta
normativa, comprendiendo sus implicaciones, argumentando públicamente y
participando antes de que una decisión se convierta en norma.
La educación pública no
necesita ciudadanos obedientes frente a sus transformaciones. Necesita maestros
pensantes, familias conscientes, estudiantes participativos y directivos
capaces de defender pedagógicamente aquello que constituye el sentido profundo
de la escuela.
No pasemos de agache.
Leamos, pensemos, preguntemos, comentemos, participemos; porque después de aprobada
una norma, protestar puede ser demasiado tarde.
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